Desde
la COMPA, entendemos que la construcción de soberanía popular es
una tarea central de nuestro tiempo, expresada en los múltiples
debates y acciones que se desarrollan a lo largo de nuestro país: la
resistencia al saqueo de nuestros recursos naturales, la lucha por
soberanía alimentaria y el reclamo de soberanía en Malvinas son
sólo algunos ejemplos. Es así que la discusión sobre la propiedad,
control y administración de los recursos energéticos, tiene
importantes repercusiones para nuestro país.
Consideramos
entonces que el anuncio realizado el lunes por la presidenta Cristina
Fernández, donde surge un proyecto de ley de expropiación de YPF,
resulta una medida positiva, que devuelve a la nación una porción
del patrimonio subastado con la ley de hidrocarburos de 1994 y que
además nos puede permitir proyectar nuevos pasos, de mayor
profundidad, en la recuperación de nuestra soberanía energética.
No
sorprenden las posiciones del gobierno español y de otros países,
como tampoco las de empresarios nacionales y extranjeros que
responden a una tradición de saqueo y ven afectados intereses
propios que nada tienen que ver con las necesidades populares.
También grandes medios de comunicación se alinearon con los
intereses de Repsol, así como algunos partidos políticos como el
PRO. Las organizaciones y movimientos populares rechazamos las
inevitables presiones del capitalismo transnacional ante cualquier
medida que pueda allanar el camino para la liberación de nuestro
pueblo.
Son
de público conocimiento las cuantiosas ganancias de Repsol y de la
familia Eskenazi, que en su ingreso a la empresa durante el año 2007
aplicó la misma lógica de los capitales españoles, demostrando el
fracaso del proceso de “argentinización” impulsado en aquel
entonces por el gobierno nacional. Ninguna indemnización a estos
grupos resulta necesaria, y mucho menos justa, ante esa política de
vaciamiento.
A
partir de ahora se abren nuevas discusiones sobre las condiciones de
la expropiación, donde existen distintas referencias en América
Latina, siendo la más importante de ellas la empresa PDVSA en
Venezuela, que fue expropiada en un 100% por el gobierno bolivariano.
Por otro lado también se abre el debate sobre la política que
deberá tomar el Estado en un mercado donde el resto de las empresas
petroleras continúan en manos privadas y los intereses
multinacionales siguen muy fuertes. Las aspiraciones a explotar el
petróleo y el gas no convencionales, por ejemplo, representan ante
todo una amenaza por los altos costos sociales y ambientales que
provocan.
En
Argentina, han sido numerosos los esfuerzos de trabajadores y
trabajadoras que lucharon y se opusieron a la privatización de YPF,
no sólo para defender su fuente de trabajo, sino también para
resistir la pérdida de soberanía que significó esa medida. Las
grandes puebladas de Mosconi, Tartagal y Cultral-Có son algunos
hitos de la lucha de nuestro pueblo por su soberanía, que hoy se
reproducen y encuentran su continuidad en nuevas resistencias y
propuestas.
Creemos
entonces que es fundamental abordar una perspectiva de avance en la
construcción de soberanía popular, que incluye la recuperación y
defensa del conjunto de nuestros bienes estratégicos, una proyección
que enfrente el saqueo y la devastación social, económica y
ambiental a partir de la movilización y la lucha y que nos permita
ir por una YPF 100% pública con control popular.
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