La decisión del gobierno
de cambiar la política de subsidios en los servicios de luz, agua y gas, pone
en debate lo ocurrido en los últimos 9 años y abre un espacio para discutir la
forma en que se está llevando adelante la provisión de estos servicios públicos.
1. No cabe duda de que era hora de
eliminar los subsidios abiertamente injustificados a las fracciones más ricas
de la población y el empresariado local. En un sólo año, esos subsidios
representan más de 3000 millones de pesos. La pregunta incómoda es cuál fue el
justificativo para haber mantenido esa política establecida por Duhalde pero
mantenida y profundizada por el kircherismo. ¿Cuántas viviendas, escuelas,
obras de agua, gas y luz en barrios populares podrían haberse realizado con
esos miles de millones de pesos? ¿Qué hará ahora el gobierno con los recursos
ahorrados: destinará los subsidios a expandir la red de agua potable, gas
natural y energía eléctrica en los barrios más necesitados, o aplicará los
recursos a mantener el superávit fiscal y así seguir garantizando el pago de la
deuda pública?
2. El subsidio a la
población más pobre es enteramente razonable. Lo que sí cabe preguntarse es por
qué luego de 9 años de crecimiento acelerado, en el modelo de “crecimiento con
inclusión” del “capitalismo en serio” millones de personas siguen careciendo de
agua potable, luz y gas. Miles de millones de pesos en subsidios a las empresas
privatizadas no han servido para eliminar el profundo déficit de acceso a los
servicios. Para colmo, quienes son forzados a seguir recibiendo
subsidios para subsistir en la pobreza deben sacar “certificado de pobres” para
garantizar su derecho constitucional a estos servicios básicos para la vida.
¿Alguien sabe cuáles son los verdaderos costos de la provisión de agua, luz y
gas? ¿Por qué era necesario subsidiar a las empresas para mantener las tarifas
bajas? ¿Las empresas privadas proveedoras de servicios públicos privatizados
necesitaban recibir millonarios subsidios para seguir operando con ganancias razonables?
3.
Por otro lado, eliminar el subsidio a los más ricos no pone en cuestión que
tras la rifa del patrimonio nacional del menemismo, una parte importante
de nuestra economía quedó en manos de capitales extranjeros: bancos, servicios
públicos, YPF, grandes empresas, etc. Es un proceso de extranjerización que
continuó y se profundizó durante el kirchnerismo. Hoy que el capitalismo está
en crisis, las casas matrices de estas empresas recurren a nuestra riqueza para
financiarse, mientras trasladan los costos de la crisis que ellas mismas
generaron a sus pueblos. Mucho menos se pone en cuestión la lógica del
patrón de consumo de gas, luz y agua, todos servicios básicos producidos a
partir de la explotación de las riquezas naturales. Los ricos pagarán más, pero
podrán seguir haciendo uso y abuso de los recursos, derrochándolos mientras
millones carecen siquiera de acceso mínimo a esos servicios y la degradación
ambiental producida por el abuso de consumo suntuario continúa. ¿No será tiempo
de revisar en serio las privatizaciones? ¿Es suficiente estatizar Aerolíneas
Argentinas o se trata de avanzar sobre las empresas privadas proveedoras de
agua, gas y energía eléctrica, entre otras?
4.
Por último, la segmentación tarifaria (los pobres tienen una “tarifa social”
mientras que los ricos pagan más) sólo compensa parcialmente la enorme
desigualdad de ingresos y riqueza que persiste, y no pone en discusión la
injusta estructura tributaria. Efectivamente, se mantiene intacto un esquema de
impuestos donde los pobres pagan proporcionalmente mucho más que los ricos. Más
que un esquema de tarifas segmentadas necesitamos un sistema tributario
equitativo donde los ricos aporten más para financiar la provisión pública de
servicios públicos de acceso universal y tarifas justas.
El
gobierno suele presentar sus urgencias (garantizar el superávit fiscal frente
al impacto de la crisis global) bajo la forma de medidas de apariencia
“progresista” (eliminación de subsidios). Sin embargo, siempre se queda corto y
lo que parece un avance suele resultar en retrocesos. En este caso, en lugar de
aprovechar la oportunidad para poner en debate la matriz de provisión de
servicios públicos creada en el neoliberalismo, el gobierno “profundiza el
modelo” con ajuste fino: fortalece el modelo privatizador y legitima un
discurso que vincula el acceso a derechos básicos sólo a partir de la
“demostración de pobreza” mientras – simultáneamente – deja intacta la
estructura de desigualdad social heredada pero nunca cuestionada.
¡Recuperación
de las empresas de servicios y transporte rifadas en los 90! ¡Trenes, subtes,
teléfonos, celulares, gas, internet, electricidad, agua en manos del Estado,
sus trabajadores y usuarios!
¡Por
una reforma impositiva que privilegie al pueblo trabajador!
¡Basta
de privilegios a las grandes empresas! ¡No a los aumentos de tarifas al pueblo
trabajador!
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