Organizaciones
sociales, estudiantiles, sindicales, de derechos humanos y políticas
participamos el miércoles 15 de una Jornada Nacional de Protesta por la
derogación de la
Ley Antiterrorista. Hicimos un acto frente a los Tribunales
Federales de Oroño y Rioja, donde exigimos que se termine la persecución y
represión hacia los movimientos populares que luchamos por nuestros derechos.
Las
modificaciones al Código Penal votadas por el Congreso Nacional en diciembre
del año pasado son una clara herramienta de disciplinamiento social. En su
artículo 3, la ley 26.734 establece que “cuando alguno de los artículos
previstos en el Código Penal hubiese sido cometido con la finalidad de
aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o
gobiernos extranjeros o a una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y del
máximo”. De este texto tan vago se desprende que puede ser tomado como
terrorismo, por ejemplo, cuando las trabajadoras y trabajadores desocupados
reclaman trabajo o la posibilidad de gestionar de forma autónoma una
cooperativa; cuando un grupo de vecinos y vecinas de un barrio demanda tierra y
vivienda; cuando los trabajadores exigen un salario digno; cuando los
estudiantes piden la derogación de la
Ley de Educación Superior menemista; o cuando cualquier
organización social se moviliza ante la violación de un derecho. En todos estos
casos, se solicita a los gobiernos y al estado que realicen un acto, que tomen
una medida para solucionar una situación. Hoy, eso puede ser terrorismo.
No
alcanza el palabrerío del progresismo kirchnerista para justificar su votación
de la ley. Es más: las líneas incluyeron en el texto de la ley y que intentan
ser un “paraguas jurídico” (“Las agravantes previstas en este artículo no se
aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del
ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho
constitucional”) son letra muerta.
Para
muestra, vale un botón. A pocos días de su aprobación en diciembre del año
pasado, un fiscal de Catamarca pretende utilizar la nueva ley pedida por los
centros imperiales contra los vecinos y vecinas organizados por la defensa de
su territorio y por el fin del saqueo que llevan adelante las grandes
corporaciones mineras.
El
relato oficial sobre la “no represión de la protesta social” cruje cuando se
repasan los sangrientos hechos del último año y medio, protagonizados por
fuerzas estatales o grupos de choque que son parte del esquema de alianzas del
kirchnerismo. Así, se sucedieron desde octubre de 2010 el asesinato de Mariano
Ferreyra por una patota de la Unión Ferroviaria , de los hermanos Qom en
Formosa, de los ocupantes del Parque Indoamericano y de los pobladores de
Libertador General San Martín (Jujuy), y las represiones policiales a los
docentes de Santa Cruz que llevaron su reclamo a Capital, a los estatales de
esa provincia patagónica que pelean contra el ajuste, y, recientemente, a los
ambientalistas de Catamarca y Tucumán. El sistema de espionaje de Gendarmería
llamado “Proyecto X” -que consiste en la infiltración en asambleas y
actividades de los sindicatos combativos y el seguimiento de sus principales
referentes- es una muestra de la supervivencia de los métodos de la dictadura
en las fuerzas de seguridad.
Todos
estos hechos, como los síntomas de una enfermedad, son la superficie de algo
más profundo. El modelo tiene grietas profundas: la consolidación de un modelo
productivo extractivo, basado en el saqueo de los bienes comunes, la
precarización laboral de 1 de cada 3 trabajadores y trabajadoras, la negación a
amplios sectores populares rurales y urbanos de su derecho a la tierra y la
vivienda.
En
este nuevo escenario de “sintonía fina”, dependerá de la amplia organización y
movilización popular que podamos frenar el avance represivo y la destrucción de
los territorios, perforar los techos que pretenden imponer a los reclamos
salariales para sostener las ganancias empresarias, y avanzar en la garantía de
derechos básicos como vivienda, salud y educación para todos y todas.
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