Hoy,
a cuatros meses de la Masacre de Moreno, quienes conformamos la
Comisión Investigadora Independiente, sostenemos el objetivo
de esclarecer inmediatamente los acontecimientos del pasado 1ro de
enero, intentando dar cuenta de que no fue un hecho aislado, sino que
es parte sustancial de un entramado, de una problemática
estructural, en la cual conviven distintos intereses y que implican a
diversas esferas del poder policial, judicial y político.
Actualmente
la causa se encuentra en la etapa de instrucción, momento en el que
se recaban elementos probatorios que justificarán el procesamiento
de los imputados si el Juez entiende que las pruebas colectadas
resultan suficientes para sostener que probablemente los imputados
fueron los autores del hecho. En este sentido se expidió el Juez
Caterina al procesar a Sergio "el quemado" Rodríguez, pero
aún resta resolver la situación de los demás imputados: Alejandro
"teletubi" Delgado, Brian "pescadito" Sprio,
Brian "damiancito" Romero y el recientemente indagado
Mauricio "maurico" Palavecino. En la investigación
judicial algunos datos son contundentes y llaman la atención porque
develan un entramado de coincidencias en cuanto a la dinámica del
hecho, ya sea por el potencial de armamento disponible; los
llamativos e injustificables recursos económicos; el nivel
organizativo de quienes se encuentran actualmente
imputados
y procesados por la justicia; como también la aparición de
decisivas pruebas que apuntan a demostrar que la masacre de Moreno
tuvo responsables materiales, con nombre y apellido, a los cuáles el
poder judicial debe juzgar con todo el peso de la ley para que este
crimen no quede impune.
Si
bien a lo largo de los 12 cuerpos de la causa se produjeron diversas
pruebas que sindican e incriminan directa y claramente a todos los
imputados, consideramos necesario que se continúe con la etapa de
instrucción a fin que se realice una investigación profunda e
integral sobre la connivencia criminal que posibilitó la masacre de
Moreno. Fundamos esta valoración en los avances que fue adquiriendo
el proceso judicial, donde se han acercado a la causa denuncias,
testimonios y pruebas de la existencia de un claro entramado de
complicidades que implican a funcionarios de jerarquía policial.
En
este sentido, consideramos más que pertinente que se avale el pedido
que elaboró el Juez Caterina; quien durante sus actuaciones en la
causa solicitó al Señor Procurador de la excelentísima Corte
Suprema de Justicia que, si se considera pertinente, se disponga una
investigación integral que permita analizar y relacionar los
homicidios de similares características ocurridos en los últimos
tiempos de la ciudad de Rosario, el tráfico ilegal de
estupefacientes que pueda estar relacionado con ello y el adecuado
deslinde de las eventuales responsabilidades funcionales que puedan
caber. Lamentablemente no se observa en la causa ninguna respuesta de
parte de la procuración, pero estas líneas son una confesión de
los límites del Poder Judicial. Si no hay orden o sugerencia
escrita, no habrá investigación integral.
Por
este motivo, valoramos positivamente los últimos pasos dados por el
actual juez de la causa, Juan Andrés Donnola, en el sentido de
imputar a dos de los policías implicados en los hechos. Los
efectivos indagados son el ex jefe de zona Nº 3, comisario inspector
Eduardo Carrillo, y el suboficial Centurión, que trabajaba en esa
área; quienes 12 horas después de los hechos se encontraron -a
instancias del Quemado Rodríguez- con la novia de Maximiliano
Rodríguez en una estación de servicios, dando claras cuentas de
haber sostenido conversaciones telefónicas con el padre del mismo
una vez sucedido el Triple Crimen. Creemos que la investigación
integral, debe seguir necesariamente por marcar, responsabilizar e
individualizar las responsabilidades policiales que posibilitaron la
masacre. Por esto, además de exigir la desvinculación inmediata de
la fuerza policial de cada uno de los implicados exigimos también un
accionar del Poder Judicial que indague y avance sobre la complicidad
de los efectivos policiales:
-
El responsable de la guardia policial del HECA de apellido Martín,
que definió no ingresar al hijo del Quemado en el registro de
guardias;
-
El Comisario Inspector Carrillo y el suboficial Centurión que se
reunieron, sin dar conocimiento a la policía, con la novia de
Maximiliano Rodríguez;
-
El Comisario Santana, ex responsable de la Comisaría 15, que tiene
la zona de los hechos bajo jurisdicción, quien no solo entorpeció
los primeros pasos de la investigación policial y judicial, sino que
su relación con Ezequiel Villalba puso en peligro la vida de los
familiares, vecinos y testigos, demorando su detención durante
semanas.
Por
otro lado, existen, además de una valoración de la dinámica propia
del proceso judicial, algunas observaciones que se ciñen sobre la
operatoria del poder político en estos meses de investigación. De
público conocimiento fueron las repetidas situaciones de tensión
que vivieron los familiares de las víctimas a partir de la noche del
24 de marzo, noche en la cual allegados a Ezequiel "el negro"
Villalba amenazaron con armas en mano a la madre de Claudio "Mono"
Suárez ante la mirada pasiva y cómplice del personal policial,
generando así un escenario de temor en el conjunto de los vecinos
del barrio, algunos de los cuales prestaron valiosísimos testimonios
en el marco de la causa.
Lo
que jamás trascendió fueron las serias presentaciones de
advertencia que se hicieron para prevenir el desenlace anteriormente
descripto. Con fecha 23 de enero, familiares de las víctimas y
militantes del Movimiento 26 de junio-Frente Popular Darío Santillán
(agrupación en la cual participaban Jere, Mono y Patón)
comparecieron ante el Juez Luís María Caterina para denunciar que
circulaban por el barrio motos con gente armada y exigieron así
mayor patrullaje policial en el perímetro delimitado por la
intersección de las calles: Biedma, Dorrego, Moreno y Presidente
Quintana. Haciéndose eco de esta denuncia, las actuaciones
judiciales avanzaron en solicitarle al Ministerio de Seguridad de la
Provincia, con fecha 31 de enero, "que disponga según su leal
saber y entender, las medidas que estime necesarias para garantizar
en la mayor medida posible la convivencia pacífica en la zona donde
ocurrieron los hechos ocurridos entre calle Biedma, Dorrego, Moreno y
Presidente Quintana pues aparece como imprescindible (más allá de
las consideraciones de política general que se puedan hacer y que
son de su competencia funcional) para que la ciudadanía se sienta en
condiciones tales como para prestar su concurso para la continuación
y profundización de la presente causa".
El
accionar del Ejecutivo Provincial fue tardío, a pesar de que desde
los primeros días no faltaron advertencias para que redoblara el
esfuerzo en proteger a los allegados de las víctimas del Triple
Crimen, además de colaborar en la ineludible tarea de sostener un
marco de protección y seguridad para el barrio en su conjunto,
atendiendo a que muchos de los vecinos testimoniaron en la causa
cuerpeándole a la indefensión y el miedo, y deberían refrendarlo
en un escenario de juicio oral.
Cada
vez que reafirmamos que el asesinato del Patón, Jere y Mono no fue
un hecho aislado, sino que forma parte de una realidad que atraviesa,
cada vez más, la realidad de todos los barrios de nuestra ciudad; lo
hacemos fundados en el hecho del recrudecimiento de esta situación,
que se presenta como crítica a partir del aumento del numero de
muertes violentas y de la impunidad con la que se mueven las bandas
que manejan el narcotráfico. Nos preocupa en este sentido, la
ausencia de una respuesta estatal efectiva e integral, que lleva a
que sean los mismos vecinos quienes, legítimamente preocupados por
la seguridad de sus barrios, actúen contra los kioscos donde se
comercializan drogas, quemándolos. Ante la falta de políticas para
abordar esta realidad, el Gobierno Provincial, responde con
rimbombantes cambios en la jerarquía policial, que además de ser
tardíos, promueven a funcionarios policiales con antecedentes en
causas de gatillo fácil o vinculados con el asesinato de Sandra
Cabrera.
Finalmente,
queremos también mencionar un hecho que nos preocupa intensamente ya
que fueron varios los sucesos donde se intentó coartar la libertad
de acción y denuncia de periodistas que pusieron en evidencia
diversos hechos delictivos vinculados con el narcotráfico. Los
aprietes y las cartas documentos no silenciarán el accionar
comprometido de algunos trabajadores de prensa, que cuentan con
nuestro más absoluto apoyo, porque sabemos que su trabajo es
garantía para acabar con la impunidad reinante.
Una
vez más, repetimos que lo expuesto aquí nos brinda un marco de
certezas claro y contundente de cara a la lucha que aun nos queda por
delante. Quienes componemos la Comisión Investigadora Independiente
nos constituimos con el objetivo fundamental de garantizar que todos
los responsables de la masacre del 1° de año sean condenados.
Queremos ir al fondo de los hechos, buscando desentrañar todas las
complicidades que pudieran existir. Por último, queremos trabajar de
cara a toda la sociedad buscando desocultar las causas profundas de
una violencia social que se ensaña con los más débiles. Aspiramos
a hacer un aporte en el camino de construir una sociedad más justa.
Comisión
Investigadora Independiente
del
triple crimen de Moreno
Mayo
de 2012
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