La
decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de hacerse
cargo del 51% de las acciones de Repsol resulta imprescindible para
comenzar a revertir la entrega que significó la venta de YPF a
capitales privados transnacionales, que liquidó el
auto-abastecimiento y la soberanía energética del país, así como
dejó de lado la necesidad popular de contar con gas, combustible y
energía a precios accesibles y en cantidades necesarias.
Repsol
se aprovechó de las exploraciones que durante décadas desarrolló
la que fuera la principal empresa nacional para obtener la máxima
ganancia posible, exportando a altísimos precios internacionales y
evitando inversiones, para girar extraordinarios dividendos que
financiaron su expansión en otros países. Un bien
estratégico del país, en manos de Repsol, se transformó en mera
mercancía de exportación. Ante este escenario, valoramos como un
hecho positivo la recuperación del 51% de la empresa, aunque todo
dependa del camino que se emprenda a partir de esta nueva situación.
Por
parte del gobierno español, su enojo de tintes colonialistas sólo
puede dar lugar al más enérgico repudio por parte de los sectores
populares. Su amenaza de represalias comerciales o de trabar el
acceso a créditos no tiene visos de hacerse efectiva dada la
situación de debilidad de la misma España. En ese marco
internacional, Argentina debe buscar el apoyo político y el
intercambio y colaboración económica y tecnológica con los
países hermanos de América Latina.
Al mismo tiempo, consideramos que el rumbo de la nueva YPF no puede quedar sólo en manos de su directorio, del gobierno, ni de los sectores empresariales. Es el pueblo el que debe comenzar a debatir y movilizarse en forma independiente, para intervenir en el mismo. El énfasis gubernamental en que no se trata de una estatización sino de la conformación de una Sociedad Anónima con capitales mixtos, implicará pronto la necesidad de elegir entre el criterio empresarial de maximizar ganancias o comenzar a responder a las necesidades nacionales, realizando las inversiones necesarias y priorizando el buen vivir de nuestra gente. Por esto, es el pueblo movilizado de manera independiente quien debe intervenir en la dirección que asuma la nueva YPF, para asegurar que el rumbo tomado responda a las necesidades de la población, que necesita redes de gas natural para no pagar garrafas a precio de oro, así como no tener que responder por los cargos de “gas importado” en las facturas, o temer los tarifazos que se encuentran latentes. Igualmente, la producción industrial también necesitará de otra base energética. La Argentina cuenta con una gran cantidad de trabajadores, técnicos y profesionales, sumamente capacitados, que fueron dejados en la calle tras la privatización y a los que se podría recurrir en esta nueva etapa.
Al
mismo tiempo, consideramos que el dinero con el que se pagaría a
Repsol debería destinarse a revertir la crisis energética, a
diversificar su matriz desarrollando energías alternativas,
renovables y no contaminantes, así como a la satisfacción de las
necesidades populares, como la ampliación de la red de gas natural y
la de puntos de venta de garrafas a precios accesibles. Asimismo ese
dinero podría destinarse a la transformación del sistema de
transporte y ferroviario, en crisis por causas similares a las de
YPF. Esto resulta imprescindible no sólo para terminar con los
reiterados accidentes como la reciente masacre del Sarmiento, sino
que la destrucción del ferrocarril para priorizar el transporte
automotor da lugar a un despilfarro de combustible innecesario. Basta
considerar que un solo tren puede reemplazar a 40 camiones o a 20
micros de pasajeros. La responsabilidad de Repsol en la
actual crisis, exige no pagarle y realizar una auditoría del
deterioro patrimonial y de los pasivos ambientales que nos ha dejado.
Por otra parte el Estado está hoy en condiciones de asumir la
totalidad de la empresa. Existen distintas referencias en América
Latina, una de ellas el de la empresa PDVSA en Venezuela, en donde el
gobierno bolivariano asumió el control total de la misma. Teniendo
en cuenta que Respsol-YPF controla actualmente solo el 30% del
mercado petrolero, creemos necesario avanzar sobre el conjunto de la
producción de hidrocarburos en nuestro suelo
Por último, entre los objetivos anunciados está el de explotar el “petróleo y gas no convencional”, que por su efecto contaminante y las cantidades de agua que exige, ya ha sido prohibido en Francia y otros países. Además de su alto costo económico y ecológico, la tecnología y los capitales para afrontar su explotación serían motivo de asociación con otras multinacionales que no tienen nada que envidiar al comportamiento de Repsol. Se hace entonces necesario discutir un cambio radical en la política energética que la transforme en un derecho básico a disfrutar por nuestro pueblo que no hipoteque el futuro de las próximas generaciones, como lo haría la explotación del petróleo no convencional, comparable a la mega-minería a cielo abierto.
El
debate y la movilización por un proyecto nacional y latinoamericano
de soberanía energética están abiertos y dependerán de la
intervención popular. Porque si bien la actual medida es
positiva y permite ir por más, no podemos olvidar que se ha llegado
al mismo tras largos años en que los miembros del actual gobierno
pasaron de apoyar la privatización menemista a ensayar, una vez en
el gobierno, una dudosa “argentinización” de la mano del grupo
Petersen (Esquenazi), con el resultado de una política petrolera que
acumula fracasos. La intervención popular podría garantizar un giro
de 180ª en este rumbo.
En
Argentina, han sido numerosos los esfuerzos de trabajadores y
trabajadoras que lucharon y se opusieron a la privatización de YPF,
no sólo para defender su fuente de trabajo, sino también para
resistir la pérdida de soberanía que significó esa medida. Las
grandes puebladas de Mosconi, Tartagal y Cultral-Có son algunos
hitos de la lucha de nuestro pueblo por su soberanía, que hoy se
reproducen y encuentran su continuidad en nuevas resistencias y
propuestas.
Creemos
entonces que es fundamental abordar una perspectiva de avance
en la construcción de soberanía popular, que incluye la
recuperación y defensa del conjunto de nuestros bienes estratégicos,
una proyección que enfrente el saqueo y la devastación social,
económica y ambiental a partir de la movilización y la lucha y que
nos permita ir por una YPF 100% pública con control popular.
Frente
Popular Darío Santillán
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