“…Las leyes son buenas, buenas para los pobres; desgraciadamente
los pobres escapan a las leyes, lo cual es lamentable. Los ricos también
escapan a las leyes, aunque esto no tiene la menor importancia, puesto
que las leyes no fueron hechas para ellos”
Michael Foucault
Este jueves a la madrugada, la cámara de diputados convirtió en ley
dos de los seis proyectos de reforma judicial. Hablamos de la ley de
creación de tres nuevas Cámaras de Casación, y la regulación de medidas
cautelares contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados.
Mientras tanto, la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura fue
aprobada con modificaciones, y pasará a la Cámara de Senadores para lo
que puede ser su aprobación definitiva. Es indudable que estos proyectos
de reforma han abierto el debate a nivel social sobre el rol del poder
judicial, quién lo maneja, cuánto se toca, cuánto no.
El Poder Judicial en Argentina ha sido tradicionalmente una
corporación de carácter excluyente, machista, conservador y
antidemocrático. No han vacilado nunca en beneficiar a los sectores
dominantes y someter a la impunidad a las clases populares. Si algunos
avances contra la impunidad se han logrado en estos años, no ha sido
por el accionar del Poder Judicial, sino más bien a pesar de
él. Podemos enumerar así, el conjunto de juicios realizados contra
responsables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura
militar, el encarcelamiento de los asesinos materiales de los compañeros
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (aunque no es un dato menor que
Duhalde, principal responsable político, siga libre), la cárcel a
Pedraza (que sigue estando lejos de lo solicitado por los familiares y
compañeros de Mariano Ferreyra), y podríamos señalar otros casos en los
cuales la lucha popular, continua e inclaudicable, hizo sudar a jueces
incómodos quienes, a regañadientes, dictaron sentencias aceptables, o
hasta ejemplares.
Pero no olvidamos que esta justicia cómplice e ineficaz por
conveniencia, fue la que absolvió a los acusados del secuestro de Marita
Verón, la que condenó a las hermanas Jara por defenderse de quien quiso
violarlas, fue la misma que pidió la investigación del caso de Luciano
Arruga a los policías que lo habían secuestrado, la misma que absuelve a
María Julia Alsogaray. Esta justicia, la “injusta”.
Es esperable, entonces que la derecha opositora salte desesperada
ante cualquier reforma sobre su principal bastión, sobre el poder del
Estado que más ha asegurado sus negociados y acallado cualquier clase de
obstáculo. Las cautelares eternas que benefician a Clarín son un
ejemplo de esto.
No tan esperable es que sectores de la centro izquierda se sumen a la
“cruzada” opositora, sin siquiera poner en tela de juicio los
verdaderos intereses en pugna, ni problematizar las formas que debe
tomar una justicia diferente, a favor de los trabajadores precarizados y
tercerizados, de los campesinos expropiados, de las mujeres que sufren
la violencia de género, de aquellos que ven nuestros bienes comunes
vulnerados por el modelo extractivista.
Por nuestra parte, seguimos luchando por una justicia que sea del pueblo y soberana.
¿Las reformas cambian la situación en profundidad?
Las reformar presentadas por el kirchnerismo pueden verse como un
avance democrático sobre lo que es uno de los poderes más retrógrados
del Estado. No obstante, las mismas gozan de una tibieza que no se
condice con el revuelo generado. En primer lugar, hay un tratamiento
restringido y acelerado de lo que deberían ser reformas discutidas
por el conjunto de la sociedad, con un amplio consenso social que las
legitime. El kirchnerismo, sin embargo, no ha dado lugar a una
participación popular ampliada que podría haber activado el debate
político en la sociedad, más allá de la “guerra mediática”.
En el caso del Consejo de la Magistratura, por dar un ejemplo, el
proyecto del gobierno no pone nunca en tela de juicio el carácter
elitista, excluyente y clasista de la composición del Consejo mismo.
Entendemos que, por más que los representantes del cuerpo de académicos y
abogados se amplíe y puedan elegirse mediante sufragio, esto no
garantiza ni promueve la representación de las clases populares en el
Consejo que regula a uno de los poderes más importantes del Estado.
¿Dónde está la representación de las organizaciones populares, de los
sectores sindicales, de las comunidades campesinas, de las
organizaciones de género? Sin la representación de estas voces, ¿cómo se
garantiza pluralidad democrática en un país en el que conviven varias
culturas y se dirimen intereses entre diversos sectores de la sociedad?
Por citar otro ejemplo, tampoco se puso en discusión el carácter de
la reforma sobre las medidas cautelares, que si bien puede poner en
jaque al grupo Clarín, también puede dejar indefenso al pueblo
trabajador que día a día sufre atropellos por parte del Estado como
consecuencia de derechos que se ven vulnerados por la tercerización, la
precarización y la flexibilidad laboral.
Cuando los cambios no vienen acompañados de procesos de opinión y
discusión profunda por parte del pueblo, difícilmente se pueden esperar
transformaciones que intenten cambios de fondo. Por lo tanto, las clases
dominantes bien podrían quedarse tranquilas, que un tropezón no es
caída.
La justicia del pueblo
La falta de profundidad de las reformas propuestas por el gobierno
nacional que no modifican lo peor del poder judicial, y la bataola
impresentable de la “oposición”, nos obligan a redoblar esfuerzos en pos
de la construcción de una alternativa política que no desaproveche la
etapa de cambios que vivimos.
Los procesos de cambio más avanzados de América Latina dan muestra de
un Poder Judicial que trabaja fuertemente en los problemas de las
mayorías, como es el caso de Bolivia, donde el Ministerio de Justicia
trabajó en conjunto con el Poder Judicial una ley integral para
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; o la incorporación
de un tribunal ambiental para la resolución de los conflictos
emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria, así
como de la actividad forestal y de uso y aprovechamiento de aguas.
La construcción de una alternativa política de país es condición
necesaria para lograr una justicia gratuita, accesible, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, sin
formalismos, sin burocracia y sin reposiciones inútiles. Hablamos de una
justicia descentralizada, con participación real de los diferentes
sectores del pueblo, que garantice el pleno desarrollo de la
emancipación de nuestra patria, con serios mecanismos para acabar con la
explotación laboral, la violencia de género, el narcotráfico y los
negocios de las fuerzas de seguridad.
Frente Popular Darío Santillán
Corriente Nacional
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